La prostitución, ¿un empleo?

Hace unos días Hugo se atrevía a escribir sobre «el espinoso asunto de la prostitución». Yo he tardado un poco más en reunir valor para hacerlo y sólo me animo a proponer una paradoja más, quizá anécdotica, en medio del debate.

Abundan, y acaso son mayoritarias, las opiniones de quienes abogan por ‘regular’ o ‘legalizar’ la prostitución. Suele defenderse esta postura porque «mejoraría las condiciones laborales de las prostitutas»; se argumenta que «tendrían seguridad social», «pagarían impuestos» (esto gusta mucho), «ejercerían en mejores condiciones higiénico-sanitarias», etc. En definitiva, se visualiza un futuro prometedor en el que las profesionales del sexo comercial gozarían de los mismos derechos (y deberes) que cualquier empleado de la industria siderúrgica o del sector servicios.

Vaya por delante que, como sindicalista, denuncio que esos derechos laborales no son tantos como sería deseable: ni en la prostitución, ni en la construcción, ni en la pesca, ni en las telecomunicaciones, ni en la enseñanza, ni en la sanidad, ni…

Pero hay algo que viene con la regulación de las relaciones laborales y que suele considerarse una enorme conquista social (salvo por algún liberal extremo). Se trata de ciertos derechos laborales mínimos e irrenunciables. Algo así como derechos obligatorios: por mucho que se empeñe un trabajador masoquista, no podrá, por ejemplo, aceptar un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional o entrar al tajo sin casco. De esta forma se ha querido imposibilitar una peligrosa subasta a la baja en la que los trabajadores podrían entrar en una competición desleal por ver quien está dispuesto a vender su fuerza de trabajo a un precio menor o en peores condiciones.

A pesar de esto, algunos trabajadores renuncian cotidianamente a alguno de sus derechos ‘obligatorios’: «es que trabajando sin guantes ensamblo el doble de piezas que si me los pongo». Para vigilar si esto ocurre hay unas poquísimas personas que se dedican a inspeccionar los lugares de trabajo en lo que llamamos, obviamente,  inspecciones de trabajo.

Alguno ya se imaginará por donde voy.

Si se regula la prostitución, parece bastante sensato que una hipotética ‘Sección Sindical de Montera del Sector de Trabajo Sexual de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO’ proponga como obligatorio el uso de preservativo en la prestación de servicios sexuales. ¿No se trata de mejorar las condiciones de trabajo de las prostitutas? Pues bien, además de establecer unas tarifas mínimas por servicio, bajas por maternidad, pluses de nocturnidad, turnos o guardias, habrá que exigir que el uso de condón sea obligatorio y no optativo, como no es optativo el casco entre los mineros o el traje ignífugo entre los Bomberos. Parece bastante sensato, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual deberían ser uno de los enemigos que batir, claro que sí, y de esta forma se evitaría que ciertas meretrices estuviesen dispuestas a ejercer sin protección para atraer a más usuarios.

Mi pregunta es sencilla y no, no pretende ser cómica (estoy bastante harto de chistes y risitas cuando se trata este asunto):

¿Cómo podría garantizarse mediante inspecciones de trabajo que una prostituta exige a sus usuarios que usen preservativo? ¿Cómo, sin violar ese otro derecho llamado intimidad?

Este tipo de cuestiones surgirán algún día si se decide legislar al respecto. Y habrá que tomar una decisión firme y eficaz o toda esa pretendida regulación no habrá sido sino, como temo, la aceptación resignada de otra forma de dominación.

¿Alguien sabe qué ocurre al respecto en otros países que han ‘regulado’ el asunto? ¿Tenéis alguna sugerencia creativa, sin bromas zafias, a este respecto? O simplemente, ¿os  parece una pregunta tonta?