Todos somos taxistas

Se puede decir que Madrid anda mal estos días, o mejor dicho, que anda poco. El motivo es la protesta de numerosos taxistas contra el artículo 21 de la Ley Omnibus, que colapsó el tráfico en la capital varias veces durante la semana pasada.

Cuando se gestaba la tibia protesta sindical del pasado sábado (el 12 del 12 a las 12), este blog pudo comprobar que, al menos entre algunos afiliados a CCOO, latía cierto escepticismo: «Lo llamamos Movilización general porque seguimos sin atrevernos a convocar una Huelga general que es lo que nos pide el cuerpo y Cayo Lara» (cita orientativa). La respuesta desde la jerarquía era tan tibia como la movilización: «Tampoco se puede decir que Zapatero nos haya colado ninguna Ley como para ir a la Huelga» (cita más orientativa).

Los taxistas, que ya se sabe cómo conducen, han adelantado a CCOO por la izquierda (con esRadio o Intereconomía en el transistor, que la COPE ha perdido muchos enteros).

La Ley Ómnibus, que transpone a nuestra legislación la directiva europea sobre liberalización de servicios (antes conocida como directiva Bolkestein), bien valía una Huelga general.

Pero la Ley Ómnibus, ¿no es la aplicación de una norma europea de obligatorio cumplimiento? ¡En efecto! Hace tiempo que los gobiernos nacionales se limitan a perpetrar las normas escupidas desde Bruselas, cada vez más ultraliberales. El plan, por cierto, les ha salido redondo: 1. Creamos un Parlamento remoto que se la traiga al fresco a la gente. 2. Allí socialdemócratas, liberales y/o conservadores somos iguales: de derechas. 3. En nuestro lujoso y discreto culo del mundo fraguamos leyes (de derechas) de obligado cumplimiento para todos los países miembros (que ya pueden estar gobernados por pesoes o pepés, indistintamente, ya que ambos tendrán siempre la excusa de que son unos mandados).

La Directiva de Servicios, pues, era de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros antes de fin de año (así que pío, pío, Zapatero no ha sido…). Ahora ya la tenemos aquí, en versión corregida y aumentada por el Gobierno, que, cuando se pone, es más papista que el papa.

Nos la han vendido (poco, porque el secretismo es vital para cebar la despolitización de los ciudadanos) como una ley «para agilizar los trámites«. Vamos, el sueño erótico de los que suelen susurrar eso de «¿no hay alguna forma de acelerar el papeleo, señor alcalde?».

Por supuesto, lo que la Ley Ómnibus entiende por «agilizar los trámites» se traduce, por ejemplo, en que si yo quiero montar una empresa que preste a otras empresas un servicio de evaluación ambiental, ya no tendré que pedir una autorización oficial, sino que me bastará con una «declaración responsable». Vamos, que se quitán allá esas pajas…

Los taxistas, con los que estadísticamente no suelo empatizar, se han ganado esta vez todo mi apoyo. Lo increíble (cada vez menos) es que esta ‘macroley’ que solo hace referencia al taxi en su artículo 21 y que ‘liberaliza’ cientos de actividades en nuestro enorme sector servicios solo haya sido combatida por unas decenas de miles de taxistas, mientras el sindicalismo (¿todavía?) de clase sigue mirando hacia otro lado cada vez que Zapatero gira a la derecha.

Actualización: Después de leer esto me siento menos taxista.